La suma extra de $ 55 mil no ayuda a quienes cobran el monto más bajo de la escala. La suspensión de la ley de movilidad, la de los créditos de Anses y la reducción del 0,4% del PBI en el presupuesto destinado a la seguridad social, impactan de lleno en un sector en el que se invierte cada vez menos.
Según la Defensoría de la Tercera Edad, más de ocho millones de jubilados se encuentran bajo la línea de indigencia publicada por el Indec.
Con el bono de enero, un jubilado que cobra la mínima tendrá en sus bolsillos $ 160 mil, poco más de la mitad de la canasta básica que la Defensoría de la Tercera Edad calculó para octubre, sin contar la inflación del 12,8% en noviembre, una cifra cercana al 30% en diciembre, y un mes de enero que promete incrementos similares.
“En los últimos cuatro años el poder adquisitivo de los jubilados cayó el 80%”, explicó a PERFIL Eugenio Semino, titular de la Defensoría. “Tenemos ocho millones de jubilados que no están bajo la línea de pobreza, están bajo la línea de indigencia”, agregó.
Esta semana, el Gobierno oficializó la decisión de “otorgar una ayuda económica previsional por un monto máximo de $ 55 mil para aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual a 105.712,61 pesos”. El bono será inferior para quienes cobren un poco más de ese monto, pero siempre hasta alcanzar el tope de $ 160.712,61. También anunciaron un complemento adicional de 22.207 pesos para los jubilados que cobran haberes mínimos, que no hayan necesitado moratoria para jubilarse y que cuenten con más de treinta años de aportes efectivos.
El tema de las jubilaciones y pensiones sigue estando dentro de la agenda, porque en la ley “ómnibus” enviada por el Gobierno al Congreso, se prevé la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria y que los aumentos (o en este caso los bonos), sean determinados por el Ejecutivo hasta que la norma se reemplace. Por otro lado, se reducirán 0,4 puntos del PBI en gastos de seguridad social. Tal como señaló PERFIL, Argentina invierte un porcentaje cada vez menor de su PBI en jubilaciones. De acuerdo con los datos oficiales, en los últimos diez años el porcentaje del PBI destinado a seguridad social bajó casi 3 puntos. Si se comparan los números de los últimos treinta años, la cifra actual se parece a la de 1993: en ese momento el gasto público en seguridad social representaba el 6,33% del producto y hoy; 6,5%. Según la OIT, el promedio mundial del gasto público destinado a protección social es de 12,9%.
“Dentro de los 5 puntos que el Estado pretende achicar del gasto público hay medio punto que es de la seguridad social. Entonces, ¿cómo hace para mejorar la situación y a la vez hacer el ahorro? Es un contrasentido”, afirmó Semino
Si bien ya se viene ajustando al sector desde hace tiempo, el recorte a la seguridad social se sigue profundizando. “Salió el ministro de Economía a decir que va a suspender la ley de movilidad, para mejorar el reajuste que se da por ley. Ahí tenés la primera contradicción: no le hace falta suspender la ley de movilidad si quiere mejorar la situación, porque la ley lo que le fija es un piso. Es decir, si la ley da de reajuste diez y él quiere dar treinta, lo puede hacer”, agregó el Defensor de la Tercera Edad.
“El haber jubilatorio, cuando lo desglosás por día, son 5 mil pesos de los que disponés para pagar la vivienda, la comida, los medicamentos”, explicó el gerontólogo. El 19% de la canasta básica de un jubilado se destina a medicamentos, que en los últimos dos meses aumentaron 85%.
Otro tema es el habitacional. Según comentó a PERFIL Semino, muchos jubilados no pueden pagar alquiler, por lo que cada vez un número mayor vive en una especie de pensiones con baño compartido. Otros son propietarios y no pueden solventar los gastos de las expensas, por lo que en muchos casos son desalojados. La vivienda representa un 27,6% de la canasta que la Defensoría calculó en octubre, mientras que los alimentos se llevan el 20,5% de ese presupuesto que actualmente los jubilados no tienen.
“Hoy ya no tenemos un sistema previsional, tenemos un subsidio por la edad, que lo decide el funcionario de turno y que nada tiene que ver con la historia laboral de la persona”, agregó Semino.
Por historia laboral debe entenderse también otra realidad: cada vez más jubilados continúan trabajando para poder solventar sus gastos mínimos. Según la Defensoría, la canasta básica de un jubilado fue de $ 313.185 en octubre, lo que representó un aumento del 35% desde la última medición en abril.
“La gente se está muriendo, no se puede apelar a que los ayude la familia, la familia también está en crisis. Las familias que podían solventar una internación, porque PAMI no está internando hace meses, hoy no pueden hacerlo”, detalló Semino en relación a la falta de atención en salud y al aumento del 400% que sufrieron en el último año los geriátricos.
Esta semana, además, se suspendieron los créditos de Anses con los que jubilados, pensionados y trabajadores podían obtener financiamiento a tasas muy bajas. Según la resolución del organismo, “la actual inversión en el Programa de Créditos Anses debe ser reanalizada considerando el contexto económico del país que torna dificultoso ponderar el índice inflacionario de los próximos meses, así como la tasa de interés a aplicar dentro del mercado de préstamos personales”.
