La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley Ómnibus, que implica una serie de reformas estructurales del Estado impulsadas por el gobierno de Milei. La oposición y varios sectores de la sociedad se oponen al proyecto por considerarlo un ajuste salvaje que viola la Constitución y los derechos sociales.
La Ley Ómnibus, el megaproyecto de reformas impulsado por el gobierno de Javier Milei, superó este jueves el primer escollo en el Congreso al obtener la media sanción en la Cámara de Diputados, con 144 votos a favor, 109 en contra y 0 abstenciones. Sin embargo, la votación en particular de los artículos más polémicos se postergó para el viernes, en medio de una fuerte resistencia de la oposición y de sectores sociales, sindicales y empresariales.
El proyecto, que consta de más de 600 artículos, plantea una serie de medidas de emergencia y de reforma del Estado en materia económica, fiscal, previsional, energética, administrativa, tarifaria, de seguridad, de salud y de defensa, entre otras. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la privatización de unas 40 empresas públicas, el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses al Tesoro, la eliminación de subsidios a los servicios públicos, la reforma del sistema educativo, la modificación del régimen electoral y la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un año, prorrogable por otro más.
El oficialismo logró aprobar el proyecto en general con el apoyo de algunos bloques, como la UCR, el PRO y Coalición Federal, que negociaron cambios en el texto original. Entre las modificaciones se destacan el retiro del capítulo fiscal, que incluía un aumento de retenciones a las exportaciones y una ampliación de la base del impuesto a las Ganancias, y la eliminación de la emergencia social y de defensa. Además, se redujo el número de personas necesarias para considerar una manifestación en el espacio público, de 30 a 10, y se mantuvo la fórmula de movilidad jubilatoria vigente.
La oposición, en cambio, rechazó el proyecto en su conjunto y anunció que pedirá la impugnación de varios artículos por considerarlos inconstitucionales, regresivos e inviables. Los principales cuestionamientos apuntan a la pérdida de derechos de los trabajadores, jubilados y usuarios de servicios públicos, el vaciamiento de la Anses, la entrega del patrimonio nacional, el avasallamiento de las autonomías provinciales y municipales, el desmantelamiento de la educación y la cultura públicas, y la concentración de poder en manos del Ejecutivo.
La votación en particular de los artículos se realizará este martes a partir de las 10, en una sesión que se prevé larga y tensa. El oficialismo confía en ratificar el dictamen de mayoría, mientras que la oposición buscará introducir modificaciones o rechazar los artículos más conflictivos. Se espera que haya una fuerte movilización de distintos sectores sociales, sindicales y empresariales que se oponen a la Ley Ómnibus y que ya realizaron protestas y cortes de ruta en los últimos días.
La Ley Ómnibus es el principal proyecto del gobierno de Milei, que asumió el pasado 10 de diciembre con la promesa de restablecer la democracia liberal y la economía de mercado en el país. El presidente sostiene que esta ley es necesaria para salir de la grave crisis que atraviesa Argentina y para sentar las bases de un futuro de libertad y prosperidad. Sin embargo, sus detractores afirman que se trata de un ajuste brutal que profundizará la pobreza, la desigualdad y la dependencia.
