Desde primera hora del día de hoy comenzó la movilización en la provincia en contra del DNU. Imagenes y Video.
La marcha del 24 de enero en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que flexibiliza la normativa laboral en Argentina fue una respuesta a los motivos que los sindicatos y los opositores al gobierno consideraron como atentatorios contra los derechos laborales.
Estos motivos son los siguientes:
- La eliminación de la indemnización por despido por causas económicas, técnicas o organizativas: esta medida deja a los trabajadores expuestos a ser despedidos sin ninguna compensación económica, lo que podría generar una mayor inestabilidad laboral y dificultaría la negociación de condiciones laborales justas.
- La reducción de la indemnización por despido sin causa de 80 a 50 días de sueldo por año de servicio: esta medida también reduce la protección de los trabajadores, ya que les otorga una indemnización menor en caso de ser despedidos sin causa justificada.
- La posibilidad de que las empresas contraten a trabajadores por hasta tres meses sin necesidad de pagarles aportes jubilatorios: esta medida podría generar una mayor informalidad en el mercado laboral, ya que las empresas podrían contratar a trabajadores por períodos cortos para evitar pagarles aportes jubilatorios y otros beneficios sociales.
Los sindicatos y los opositores al gobierno consideran que el DNU es un retroceso histórico en materia de derechos laborales y que podría generar una mayor desigualdad social.
En la marcha del 24 de enero, los manifestantes portaban carteles con consignas como “No al DNU” y “Defendamos los derechos laborales”.
El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, acusó al gobierno de Javier Milei de “atacar a los trabajadores” con el DNU. “Este decreto es un retroceso histórico”, dijo Yasky. “Vuelve a la época de la dictadura, cuando los trabajadores no tenían derechos”.
El gobierno de Milei ha defendido el DNU argumentando que es necesario para promover la creación de empleo. Sin embargo, los sindicatos y los opositores al gobierno han criticado el decreto, asegurando que atenta contra los derechos laborales.
