Una auditoría profunda y un protocolo anti-piquetes son las medidas que el Gobierno implementará para ajustar el gasto social y evitar el descontento popular.
El 1° de enero el Gobierno pondrá en marcha la auditoría sobre planes sociales que este lunes anunció en su primer mensaje público, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En principio, el universo de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo asciende a 1.200.00 personas y no está en carpeta agrandarlo. Sobre ese número comenzará la auditoría, que esperan que no se demore más de tres meses.
El primero demandaría que cada persona complete o actualice su información y los de su núcleo familiar, y luego se pasaría a la etapa de análisis y entrecruzamiento de bases de datos. Para eso prevén usar como eje central la información de Anses y cruzarla con la de otros organismos. Por ese motivo para este martes está prevista una reunión operativa entre Pablo de la Torre, Secretario de Niñez y Familia en Capital Humano, y el titular de Anses, Osvaldo Giordano.
En lo inmediato, y en vistas a esperar los resultados que arroje la auditoría, se espera que el Gobierno prorrogue la decisión de Sergio Massa, cuando aún estaba al frente del Palacio de Hacienda, de pasar los planes a la órbita de Trabajo. Los libertarios tienen en carpeta la idea de, en base a los datos, hacer una segmentación de los planes de acuerdo a los perfiles de los beneficiarios y agruparlos bajo las órbitas de diferentes secretarías. De este modo, el actual Plan Potenciar Trabajo desaparecería como tal y tendría nuevos nombres y características.
“Hoy se está a ciegas. Hay que auditar y ver dónde estamos parados”, reconocen en el Gobierno sobre el tema. De momento sí saben que un 80% de los planes está en manos de organizaciones, a las que esperan remover como intermediarias Una de las posibilidades que se maneja por estas horas es que luego de esa remoción de los intermediarios, el manejo de los planes vuelva a la órbita de provincias y municipios, directamente. Aunque por el momento reconocen que si bien esa es la idea, la decisión final estará atada a lo que arroje la auditoría.
Para la quita de intermediarios se apalancarán, entre otras cosas, en las denuncias con nombre y apellido que recibieron en la línea 134, que se habilitó para reportar situaciones anómalas como “extorsiones” o “amenazas” de punteros para con beneficiarios. Al margen del curso legal que eso lleve, está decidido brindarle acompañamiento a quienes dieron sus datos y relataron diversas situaciones en las que, por ejemplo, denunciaron que se los amenazaba con quitarles el plan si no concurrían a una marcha o les exigían un porcentaje de lo que tienen asignado a cambio de seguir recibiéndolo.
Con la obsesión en transparentar aseguran que también se buscará, por un lado, actualizar el registro nacional de comedores que reciben alimentos mensualmente por parte del Estado y también se estudia la posibilidad de usar el código de los DNI para tener un control de cuantas personas asisten a ellos.
Por lo pronto, en lo inmediato estaría el pedido de prórroga para la decisión firmada por Massa. Luego de esa prórroga que sería por los próximos tres meses, en los que se espera tener los resultados de la auditoría en mano, se haría el desglose y reubicación de los beneficiarios de los planes de acuerdo a su situación de edad y de formación.
En ese escenario, un amplio porcentaje de beneficiarios de entre 18 a 29 años, que representa alrededor de un 30% del padrón, con unas 450 mil personas, podría pasar a la órbita de Trabajo. Los de más de 55 años podrían quedar en la órbita de Desarrollo Social, reorientados a trabajos comunitarios. Otra parte, si todavía resta completar estudios, podría quedar bajo la Secretaría de Educación, todas dependientes de Pettovello.
El modelo chileno
Por estas horas en las filas del oficialismo se entusiasman al hablar del “acompañamiento” que cada una de las personas que recibe planes podría tener en un futuro cercano. Hablan de un acompañante cada 20 familias, que podría ser un enfermero o trabajador social, entre otras disciplinas, con el objetivo de que siga de cerca las realidades y necesidades de cada uno de ellos y oficie como nexo con otra esferas del Estado. “En 9 meses salen adelante”, aseguran muy optimistas sobre lo que puede suceder, aunque reconociendo que la situación va a atada a la suerte económica del país. “Todo va a suceder si se encamina la economía”, es la frase repetida en medio de un complejo escenario económico y social.
Eduardo Belliboni n grupo de militantes de organizaciones sociales de izquierda, nucleados en la Unidad Piquetera (UP) y del Frente de Lucha Piquetero, realizó esta mañana una protesta en uno de los ingresos principales al ministerio de Capital Humano, portando ollas vacías de alimentos y en reclamo de “una audiencia urgente” con la titular de esa cartera, Sandra Pettovello.Ricardo Pristupluk – Télam
Cuando hablan del tema, en el Gobierno imaginan un modelo similar al que se da en Chile con el Registro Social de Hogares (RSH), el sistema de información que permite los procesos de selección de beneficiarios de subsidios y programas sociales. Para eso creen que será básico transparentar la información, cruzarla y personalizar la ayuda.
Además del optimismo hay miradas realistas y si bien no hay datos exactos, estimaciones extraoficiales dan cuenta de que ya habría otro millón de personas en condiciones de necesitar ayuda. Los “pobres no registrados”, como los definen algunos es un nuevo universo en el que se incluye a personas que nunca recibieron asistencia social por parte del Estado, pero a la que la desesperante situación actual los empuja hacia eso. Aún no hay precisiones sobre qué sucederá con ellos, pero la ayuda no está descartada.
Pese a lo grave de la situación hay optimismo en lo que arrojará la auditoría y recuerdan que la que hizo Victoria Tolosa Paz, exministra del área permitió la baja de casi 100 mil planes sociales por personas que no validaron su identidad en manos de presuntas irregularidades.
El punto fue un golpe para las organizaciones que ahora, creen en las filas libertarias “tendrán que adaptarse a los nuevos esquemas”. Hasta ahora quien vino hablando con los representantes de los movimientos es Héctor Calvente, hombre de las filas de Joaquín de la Torre, de quien fue funcionario en San Miguel, donde sumó experiencia en el área y luego lo acompañó a la gestión en provincia de Buenos Aires. Calvente no tiene cargo y todavía no es seguro que lo vaya a tener, pero sí está haciendo de nexo. Lo que hubo, según pudo saber LA NACION, fueron reuniones informales, para conocerse y siempre todo en buenos términos.
Los representantes aún no tuvieron contacto con Pettovello. En el Gobierno dicen que la funcionaria, amiga personal y de extrema confianza de Javier Milei, “tiene interés en conocerlos”, pero que primero quieren conocer bien “cada área, dirección y secretaría”. Además de que no haya “nada de extorsión” a la hora de concretar el encuentro.
En el oficialismo aseguran que encontraron un “ministerio tabicado” entre los movimientos y “sin interconexión”, dicen en referencia a las áreas que tenían asignadas La Cámpora, el Movimiento Evita y Barrios de Pie. Con esos actores corridos de la escena esperan avanzar en los proyectos en carpeta en medio de una realidad acuciante.
