Denuncian a trolls libertarios por amenazar al Congreso; piden investigar vínculos con el Gobierno y alertan sobre riesgos para la democracia.
Trolls libertarios apuntan al Congreso con violencia verbal
Denuncia ante la Justicia por amenazas publicadas en redes
La senadora Juliana Di Tullio presentó el pasado lunes una denuncia judicial contra varios “trolls libertarios” —entre ellos Gordo Dan, Fran Fijap y El Trumpista— por difundir amenazas directas contra el Congreso de la Nación.
Según la presentación ante tribunales de Morón, estas cuentas instaron públicamente a “dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro” y a “poner tanques a la calle”, instigaciones que provocan grave alarma en la escena democrática.
Violencia digital con respaldo institucional
Di Tullio denunció que estos operadores digitales actúan como una “voz paraestatal del Gobierno”, sugiriendo un posible apoyo o coordinación con funcionarios públicos. “Hay límites en la democracia y los ponen las instituciones”, reclamó, insistiendo en el peligro que representa una acción colectiva con aval institucional.
Además, la senadora remarcó que estas amenazas fueron realizadas con inteligencia artificial, lo que amplifica su peligrosidad y dimensión.
Milei bajo la lupa: un presidente permisivo
Di Tullio advirtió que el presidente Javier Milei, “no tiene ningún compromiso con las instituciones” y advirtió que este tipo de discurso “es un peligro para la Argentina”. Subrayó que si bien es legítimo que un mandatario tenga influencia, debe haber límites claros para proteger el orden institucional.
Los cargos implican delitos severos tipificados en los artículos 210 bis y 210 quáter del Código Penal, con penas de hasta veinte años si se comprueba la dirección de estos grupos por parte del Estado.
Una advertencia a la democracia
Desde Minuto 24 consideramos alarmante que redes sociales se estén usando como vehículos de violencia política, amparadas por figuras de poder. Cuando en lugar de debatir se apela a instigar “tanques en la calle” o “milicias populares”, la democracia queda en jaque.
Es imprescindible que la Justicia investigue con profundidad los nexos entre estas cuentas y el Gobierno. La libertad de expresión no puede ser excusa para violar los límites constitucionales ni para incitar al ataque de instituciones democráticas.
