En una Argentina con fuertes desequilibrios macroeconómicos y con 40% de pobreza, resolver la inflación es prioritario.
El presidente electo, Javier Milei, el día en que fue proclamado por la Asamblea Legislativa
Salarios, jubilaciones y brecha cambiaria. Aumentos de tarifas y Leliq. Brecha cambiaria y abastecimiento. Importaciones, abastecimiento e inflación. El presidente electo Javier Milei y su equipo llegarán a la Casa Rosada el 10 de diciembre y enfrentarán un contexto económico desafiante, con desequilibrios macro que se profundizaron en los últimos años y con más del 40% de la población bajo la línea de pobreza. Logrado el objetivo de ganar las elecciones, los eslóganes de campaña (‘dolarización’ y ‘motosierra’) dieron lugar a un armado pragmático, con algunos nombres de personas que ya pasaron por la gestión pública. La meta es ahora enfrentar los problemas delicados y complejos que tiene la Argentina, un país con una población que demanda cambios, tras cinco años consecutivos de caída del poder adquisitivo y después de más de una década sin crecimiento de la economía.
“Cuando se haga el reordenamiento fiscal va a impactar negativamente en la actividad económica, por eso yo digo que la única billetera que va a estar abierta es la de Capital Humano, para darle contención a los caídos”, dijo días atrás Milei en declaraciones radiales, en un planteo que deja clara su postura ante el ajuste en el gasto público que prevé como política de su gobierno. Buscará hacerlo con un esquema de ‘shock’, con “mecanismos para detener la emisión de dinero para, en un lapso de 18 a 24 meses, terminar con la inflación”. El plan de recorte de gastos, que ya se anticipa en declaraciones del presidente electo y de algunos de sus funcionarios claves (“No hay plata” es la frase que repiten el líder de La Libertad Avanza o Guillermo Francos, quien será ministro del Interior) anticipa tensiones y disputas de muy corto plazo. La llegada del nuevo gobierno será en un mes cargado de gastos, con salarios, aguinaldos jubilaciones y contratos pendientes de pagar.
“Diciembre es un mes de alto déficit, porque hay que pagar aguinaldos a funcionarios y jubilados; entonces, en general se necesitan muchos pesos. Y la primera cuestión ahí es de dónde los sacarán: si habrá una licitación de bonos, si los va a emitir el Banco Central. Todo eso es una pregunta inicial para el ministro [Luis Caputo], quien va a tener que tomar una decisión”, dice el economista Andrés Borenstein, de la consultora Econviews. Las prestaciones sociales, indexadas por la inflación pasada, y los salarios del sector público representan más del 50% del gasto del Estado nacional.
Sepultada la meta del déficit primario que establecía el acuerdo con el FMI para este año (1,9%), en un escenario de crecimiento del gasto que se generó en el marco de la campaña electoral del ministro de Economía, Sergio Massa, (que incluyó rebaja de Ganancias, devolución del IVA, bonos, congelamientos de tarifas y transporte, plan Previaje, entre otras medidas), el déficit primario de este año se ubicará entre 2,7% y 2,9% del PBI, según estimaciones de consultoras privadas. De acuerdo con los cálculos de la firma Ecogo, el rojo será de alrededor de $5,4 billones.
“Hay cosas que se pueden patear en diciembre, como el pago a algún proveedor, aunque es un aumento de la deuda flotante para el año siguiente. Y es posible que el Gobierno intente evitarlo, para tener un mejor número fiscal en 2024 e intentar volver al mercado. Esa suele ser en general la estrategia de un gobierno que llega. Pero pagar todo también es complicado, porque mínimamente querés tener una auditoría y saber de qué se trata lo que hay que pagar y vos no contrataste”, resume Borenstein.
Según insiste Milei, el “reordenamiento fiscal” se vincula con “la bola de Leliq”, otro de los “problemas” sobre los que el presidente electo insistió en varias de sus últimas intervenciones públicas, al hablar de su plan económico. “Si yo abro el cepo y no resuelvo el problema de las Leliq, la caída de la demanda de dinero que viene atrás de eso genera hiperinflación”, dijo semanas atrás, en una presentación en el CICYP, donde advirtió sobre la emisión de pesos que generan los pasivos remunerados del Banco Central. Se trata de los instrumentos de esterilización que la entidad usa para aspirar pesos del mercado (Leliq a 28 días y pases a 1 día). El stock, según los últimos registros oficiales, supera los $23 billones.
Sin embargo, varios analistas relativizan la urgencia de ocuparse de la “bola de las Leliq” en el corto plazo. “Todo plan económico tiene un orden de prioridades, con problemas principales, y otros que son derivados. Y después está la secuencia de cómo se va resolviendo: a medida que resolvés, si elegiste bien los principales, los derivados se solucionan o achican su riesgo. Y en ese sentido, me parece que las Leliq no son el principal”, dice Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma.
Según el economista, el tema central se vincula con el desequilibrio de las cuentas públicas y con cómo resolverlo. “Si solucionás el déficit, dejás de emitir y los pasivos dejan de ser un problema, porque ya, medido contra el PBI, no hay tantos pesos. El problema es que están circulando muy rápido. Y si cortás la dominancia fiscal, que es la necesidad de emitir cuatro puntos del PBI por año, hay cuatro puntos de creación monetaria exógena que desaparece”, agrega el analista, que plantea que el stock de pasivos remunerados es de alrededor del 10% del PBI y en la historia reciente de la argentina “pocas veces” hubo menos de cinco puntos. “Ese exceso es lo que se expande para financiar al Tesoro cada año”, completa.
Dónde recortar
El desafío, entonces, está en dónde aplicar el recorte. Según ya anunció Milei, las transferencias a las provincias y la obra pública serán algunos de los rubros a revisar. “El ajuste lo va a hacer en el transcurso del año y no es fácil. Más de la mitad de la obra pública que hace el sector público nacional es vial, y de alguna forma las rutas se van a tener que mantener. No se puede mandar todo a cero. Sí es cierto que, estacionalmente, los primeros meses del año son fiscalmente los mejores, pero hacer un ajuste de cuatro puntos del PBI le va a llevar todo 2024. Y la cuestión, a lo largo del año, es cómo hacerlo y financiar el faltante de recursos”, completa el analista.
Entre las medidas planteadas en campaña para avanzar sobre el déficit, la revisión de los subsidios aparece como una de las más factibles: la readecuación de las tarifas de los servicios públicos o el transporte no requiere negociar en el Congreso, y basta un trámite burocrático para habilitar los nuevos cuadros, al menos en el Área Metropolitana.
En los primeros 10 meses de 2023, los subsidios al agua, la energía y el transporte acumulan una caída del 17,5% en términos reales, según el análisis realizado por el Área Fiscal y Políticas Públicas (Afispop) del IIEP (Uba-conicet), con ajustes reales en agua (40,5%) y energía (19,9%). Si se excluyen los aportes a aerolíneas (las transferencias del sector público cayeron un 71,8% en términos reales en 2023, en comparación con 2022), los subsidios al transporte muestran una trayectoria inversa, con una expansión del 5,5% en términos reales en los primeros 10 meses del año.
“Si bien es una incógnita el plan, en el corto plazo al menos, colectivos y trenes en el AMBA es lo primero que se podría activar, con el esquema de ajuste por inflación pasada que se suspendió en la campaña electoral, y que acumula tres meses de atraso. Después, el Gobierno deberá determinar cada valor, que en el caso del colectivo no es de $700”, dice la economista María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos.
El mecanismo para ajustar tarifas del servicio eléctrico requiere una resolución de la Secretaría de Energía que modifique el precio estacional, mientras que el ENRE dispone sobre el valor agregado de distribución sobre el que se conforman los cuadros tarifarios. En el gas son necesarias audiencias públicas para definir precios . “Lleva un tiempo con pasos administrativos, pero está a tiro del Ejecutivo”, explica Julián Rojo, economista especialista en energía miembro del IIEP-UBA.
El esquema de segmentación tarifaria que puso en marcha el Gobierno en la gestión de Massa introdujo heterogeneidades en el universo de los usuarios. Y se trata de un punto relevante a la hora de mirar el gasto: los subsidios a la energía representan el 76% de los subsidios totales. En electricidad, mientras que los usuarios del nivel 1 (altos ingresos) pagan el costo pleno de la energía, en los hogares de ingresos bajos (nivel 2) esa cobertura es del 15%, mientras que para los del estrato medio (nivel 3), que conservan un bloque de consumo subsidiado, en promedio sus facturas llegan al 18% del costo total de generación. La foto que describe el informe del IIEP acumula mayor distorsión si se considera el “virtual congelamiento de las tarifas desde mayo” y la aceleración inflacionaria, que implicó en los últimos meses un atraso de las tarifas para todos los niveles, especialmente en el 2. Aun con una caída en términos reales desde el pico de 2022, los subsidios reales en conjunto hoy son casi un 50% mayores a los de fines de 2019.
“Milei dijo que la única billetera abierta será la del Ministerio de Capital Humano. En tarifas se avanzó en algunos sectores y veremos cómo es la trayectoria; es esperable que haya subsidios más enfocados a la demanda y no a la oferta. La ventana de oportunidad está para hacerlo rápido, porque la gente votó sabiendo
Diciembre es un mes que, en particular, tiene alto gasto y elevado déficit, por el pago de aguinaldos a empleados públicos y jubilados
La revisión de los subsidios y de las tarifas de los servicios públicos está entre las cuestiones en las que es más factible avanzar rápidamente
“Que venía un ajuste, y Milei lo anuncia y lo repite”, plantea Castiglioni.
En transporte, la distorsión se percibe al cotejar los precios del AMBA con los de otras ciudades. En Buenos Aires, el boleto mínimo del colectivo (congelado desde septiembre) cuesta $52,96, mientras que en Córdoba el precio del boleto urbano es $185 y en Mar del Plata, de $165,77 desde mayo. Un anticipo de lo que viene se vivió en Bariloche: hoy se paga $158 pero ya se fijó un alza a $320 desde febrero.
Ese contexto de reacomodamiento de precios abre interrogantes sobre la inflación, que encontró un nuevo piso en torno al 9% desde la devaluación POSPASO y deja una inercia elevada para lo que viene. El 8,3% que informó el Indec para octubre se dio entre congelamientos y programas de control que expiraron tras el balotaje, y las estimaciones ya vislumbran una aceleración de corto plazo. También lo anticipó Milei, quien dijo que la suba del costo de vida “está jugada” porque “tiene que ver con lo que hiciste hace dos años”. “La inflación va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este Gobierno”, dijo el presidente electo esta semana, al advertir por la “estanflación” en la Argentina.
Las proyecciones de analistas del sector privado ya descontaban un escenario de aceleración inflacionaria. En el último Reporte de Expectativas del Mercado (REM) se proyectaba, para el período de octubre de 2023 a ese mes de 2024, una inflación del 195,6%, con picos en diciembre (14%), enero (13,9%) y febrero (12%). En ese contexto, Milei confirmó que dejará de existir “en el sentido que le dieron históricamente los gobiernos” la Secretaría de Comercio, y consideró “una aberración” los controles de precios. Sin certificado de defunción oficial, el efecto fue una expiración de facto de los acuerdos que mantuvo el Gobierno hasta la segunda vuelta. Disputas entre empresas y supermercados por precios y abastecimiento, góndolas semivacías o con escasa variedad y listas con aumentos de hasta el 40% en algunos rubros fueron fotos habituales en las últimas semanas, que parecen configurar el escenario que viene.
