Los gobernadores exigen fondos a la Nación y promueven una ley para garantizar el reparto justo de ATN e impuestos.

Unidad y firmeza ante la falta de transferencias de la Nación
Por primera vez desde que Javier Milei asumió como Presidente, los gobernadores decidieron dejar de lado la cautela y reclamar públicamente lo que vienen señalando en privado desde hace más de un año: el Gobierno Nacional jamás dejó de financiar su superávit fiscal recortando recursos a las provincias.
Cansados del incumplimiento y de la falta de diálogo efectivo, los mandatarios provinciales tomaron una decisión histórica: presentarán un proyecto de ley para obligar a la Casa Rosada a distribuir de forma justa y eficiente los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), así como los fondos recaudados por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles.
Una ley que busca garantizar equidad y federalismo
Reclamo institucional y estrategia política
Los gobernadores entendieron que no alcanza con comunicados ni reuniones que terminan sin respuestas. Por eso, apostaron a una herramienta legislativa para recuperar autonomía y recursos, exigiendo que se respete lo que les corresponde por derecho.
La iniciativa apunta a:
- Obligar al Gobierno a distribuir los ATN con criterios claros y sin discrecionalidad.
- Agilizar los tiempos de transferencia de fondos coparticipables.
- Transparentar el uso del impuesto a los combustibles, que muchas veces queda retenido en la Nación.
Además, lo hacen en un momento político oportuno, ya que el actual Congreso tiene menos representantes libertarios y se muestra más permeable a avanzar con leyes que defiendan el federalismo y el equilibrio institucional.
Una oportunidad para defender a las provincias
Gobernadores unidos frente al ajuste
Los mandatarios también entienden que en un año electoral, es el momento ideal para dejar claro ante sus votantes que las obras, los sueldos demorados y los recortes no se deben a una mala gestión provincial, sino a la falta de fondos enviados por el Ejecutivo nacional.
Esta jugada busca poner en agenda la situación crítica de las provincias, y dejar en evidencia que el ajuste no es “parejo”, sino que golpea de lleno a los distritos que no son oficialistas.
Con firmeza y unidad, los gobernadores exigen fondos y avanzan con una ley que marca un antes y un después en la relación con el Gobierno Nacional. La política provincial se planta con una propuesta concreta, en defensa de los recursos que por derecho pertenecen a sus ciudadanos. La disputa por el federalismo ya no se susurra: ahora se legisla.